"Hay una pésima comunicación del Estado con los nativos", reconoció el premier Yehude Simon. Para el último miércoles 13 alistaba su mejor esfuerzo de diálogo. En tanto, el líder de los aborígenes, Alberto Pizango, reunía a 15 dirigentes amazónicos para hacer sentir sus demandas.
La Mesa de Diálogo se iniciaba con dos exigencias: de Simon, que los indígenas levanten la medida de fuerza; de Pizango, que el Ejecutivo levante el Estado de Emergencia y aliste la derogatoria de varios decretos. El paro amazónico, encabezado por Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía) desde el 9 de abril, empezaba a tocar fondo. El último domingo 10, la Policía rompió el bloqueo del puente Corral Quemado (Jaen), a 50 kilómetros de Bagua, en la carretera Fernando Belaunde. Diez indígenas resultaron heridos, tres graves.
Al cierre de edición, se alistaba otra toma. Unas 65 etnias están en pie de guerra contra el gobierno. Han tomado aeropuertos y puentes, bloqueado la navegación fluvial, e impedido el envío de petróleo en Cusco, Ucayali, Loreto, San Martín y Amazonas. El estado de emergencia declarado por el Ejecutivo, el último sábado 9, no aplacó la protesta. La disposición, establecida por 60 días, rige en cinco distritos del Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas.
El presidente regional loretano, Iván Vásquez, expresó su rechazo a esta declaratoria y respaldó el paro. Dos días antes, el Congreso aprobó un informe que recomienda derogar 10 decretos que consideró inconstitucionales. El documento esperó desde diciembre del 2008, cuando lo aprobó una comisión multipartidaria, presidida por la legisladora Gloria Ramos (Compromiso Democrático).
En el Pleno, el Apra se opuso casi aislado (con uno de Unidad Nacional y otro de Alianza Nacional). Nacionalistas, UPP, Bloque Popular, Alianza Parlamentaria y aun el fujimorismo sumaron 43 votos a favor versus 22. Los decretos cuestionados fueron emitidos por el presidente Alan García, al amparo de las facultades que le delegó el Congreso para legislar sobre la implementación del TLC Perú-Estados Unidos, en el 2008. Una vez acabado el plazo autorizado, solamente el Parlamento puede derogar estos decretos. No obstante, por una modificatoria, el informe Ramos pasó a consulta a la Comisión de Constitución, con un plazo de 15 días.
El aprista José Vargas, presidente de este grupo, señaló que tres de estas normas ya han sido validadas. "Los decretos 1020, 1089 y 1090 fueron declarados constitucionales por esta comisión en base a un informe de la Subcomisión de Trabajo, solo nos faltan las otras", indicó. Según el informe Ramos, los 10 decretos colisionan con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la consulta a los pueblos indígenas cuando se les pueda afectar.
Las normas reducen controles para la explotación de minerales, maderas, agricultura o exploración petrolera. Dos decretos ya fueron sustituidos por leyes: la Ley de Aguas y Ley Forestal. En agosto del 2008, la asonada amazónica hizo que el Congreso derogue los decretos 1015 y 1073, que reducían el quorum de indígenas para decidor la venta o alquiler de tierras. Pero Ramos alerta sobre el decreto 1064.
"Es más lesivo que los derogados porque elimina toda consulta a los nativos, basta la declaración de necesidad pública, que el Ejecutivo suele dar para estas inversiones", piteó. "Representamos a 1,350 comunidades equivalentes a 600,000 indígenas de la Amazonía, y le pedimos al gobierno que considere 25 millones de hectáreas como territorios ancestrales", alega Pizango.
Para el premier Simon, se les ha manipulado, haciéndoles creer que les quitarán sus recursos. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, advirtió: "El subsuelo no les pertenece a los indígenas, es de todos los peruanos. Si allí hay gas y hay petróleo, se tiene que explotar pero con responsabilidad ambiental".
Fuente: www.caretas.com.pe
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