Según el Ministerio Público Federal (MPF) en Idaho, se desviaron 1,7 millones de metros cúbicos de madera, la cantidad equivalente a 71 mil camiones más del tipo de las utilizadas en el transporte ilegal de registros cargados de maderas. El MPF quiere que los acusados paguen más de $ 2 mil millones para compensar el daño.
El plan, dice Greenpeace, fue el cambio en los datos de los sistemas on-line que controla la cantidad de madera vendida en el comercio del Estado del Para; los madereros que usan los bosques para la producción de madera y el carbón sólo puede extraer una cierta cantidad por año. Con los cambios realizados indebidamente en los sistemas, los hackers lograron falsificar los registros on-line que están en control, lo que aumenta la cantidad de madera permitida para la comercialización.
En Amazonas, este control se realiza por dos sistemas electrónicos: el Documento de Origen Forestal (DOF) del Gobierno Federal y Sisflora, gestionado por el Departamento de Medio Ambiente del Estado de Pará
Las investigaciones sobre el caso se iniciaron en abril de 2007 y resultó en el arresto de 30 líderes de pandillas algunos meses más tarde. La grabación de conversaciones telefónicas registradas entre los madereros -los mentores del régimen- y los piratas informáticos irrumpieron en el cambio a sistemas de información. El hombre que hizo la conexión entre los piratas y los madereros está bajo arresto, mientras que los otros están a la espera del proceso que los deje en libertad.
"Esto es sólo la punta del iceberg, porque los sistemas adoptados por los estados y el gobierno federal no son seguros. Además, el número de auditores no es suficiente para vigilar y prevenir el fraude", dijo Andre Muggiati de Greenpeace de la Campaña de Amazonas. "Al invadir el sistema, la carga ilegal de madera puede circular como legal, así como los planes de manejo forestal. En realidad se están vendiendo madera de la deforestación ilegal".
Segundo o Ministério Público Federal (MPF) no Pará, foram desviados 1,7 milhão de metros cúbicos de madeira -- quantidade equivalente a 71 mil caminhões do tipo mais utilizado no transporte ilegal de toras carregados. O MPF quer que os acusados paguem mais de R$ 2 bilhões para compensar os danos.
Na Amazônia, esse controle é feito por dois sistemas eletrônicos: o Documento de Origem Florestal (DOF) do Governo Federal e o Sisflora, gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará.
"Isso é só a ponta do iceberg, pois os sistemas adotados pelos estados e pelo Governo Federal não são seguros. Além disso, a quantidade de auditores não é suficiente para monitorar e evitar fraudes ", disse André Muggiati, da campanha da Amazônia do Greenpeace. "Ao invadir o sistema, essas empresas transformam seus carregamentos ilegais em madeira legal, como se viesse de planos de manejo florestal. Na realidade, eles estão comercializando madeira de desmatamento ilegal.”
Fuente: www.globoamazonia.com
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